¡NO! a la pregunta sobre la “Ciudadanía” de los que viven en el país para el Censo 2020

Por Luis Bravo

La Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey presentó una demanda contra el gobierno de Trump por pretender agregar una pregunta sobre la “Ciudadanía” de los residentes del país en el cuestionario del próximo Censo del 2020. “Esta pregunta pone en peligro la precisión del censo federal, subestimará el conteo de residentes y reducirá los fondos federales para los estados”, dijo Maura Healey.

La Fiscal General se unió a una coalición de 18 fiscales generales que argumentan que, al agregar una pregunta sobre la “Ciudadanía”, la Oficina del Censo causará una disminución significativa en la participación ciudadana, lo que resultará en una cuenta regresiva dramática de la población.

Los fiscales generales sostienen que un recuento insuficiente viola el propósito constitucional del Censo, realizar un conteo exacto de todas las personas en la nación, lo que amenaza la representación justa de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y privará a los estados de una parte justa de miles de millones de dólares en fondos federales.

“Agregar una pregunta sobre la ‘Ciudadanía’ sin haber sido encuestada previamente, en este punto sabotearía la precisión del Censo 2020 y amenazaría el financiamiento federal para programas críticos en Massachusetts”, dijo Healey. “Estamos demandando para garantizar un Censo justo y preciso que cuente a todos”.

El Secretario del Commonwealth, William Galvin, quien es el enlace oficial del censo federal para Massachusetts, compartió las mismas preocupaciones de la Fiscal General.

“Esta demanda es esencial para proteger nuestra representación política y la ayuda financiera que recibimos del gobierno federal”, dijo el Secretario Galvin.

Si por esta negligencia no se llegaran a contar a todas las personas que están viviendo físicamente en esta nación, le privaría a los estados de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales que se asignan en parte en función de los datos del censo, incluídos los fondos para educación, vivienda e infraestructura en todo el país. Los fondos federales también respaldan programas públicos esenciales, incluidos los beneficios de Medicaid y SNAP.

Esta propuesta limitaría los fondos destinados a apoyar a algunas de las poblaciones más vulnerables de cada estado, incluidas las comunidades de bajos ingresos, los ancianos y los niños, independientemente de su ciudadanía.

Los fiscales generales también argumentan que la Administración Trump no ha participado en los procesos requeridos para agregar preguntas al Censo, lo que generalmente lleva años completar. Los fiscales generales enfatizan que la pregunta sobre la “Ciudadanía” no se incluyó en la lista de temas del Censo 2020 presentado al Congreso el 28 de marzo de 2017 y que la pregunta no se ha sometido a ninguna prueba de campo.

La Oficina del Censo anunció su decisión de agregar la pregunta sobre la “Ciudadanía” después de menos de cuatro meses de consideración. La adición de la pregunta fue motivada por una solicitud del Departamento de Justicia el 12 de diciembre de 2017, que solo llegó a la atención pública después de los informes de noticias.

El Departamento de Justicia afirmó que la pregunta sobre la “Ciudadanía” de cada una de las personas censadas será necesaria para garantizar el cumplimiento adecuado de la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto de 1965.

Los fiscales generales argumentan que agregar la pregunta sobre la “Ciudadanía” tendría el efecto opuesto. Ellos afirman que una investigación sobre la ciudadanía de cada persona en todo el país dañará la representación de las minorías al reducir la participación tanto de los ciudadanos como de los no ciudadanos en las comunidades inmigrantes, una preocupación que es aún más aguda en el clima político actual.

Cuatro ex directores de la Oficina del Censo, que en el pasado fueron nombrados cada uno de ellos por presidentes de la nación de ambos partidos políticos, acordaron que agregar una pregunta sobre la ciudadanía de cada persona deprimirá las tasas de respuesta y, por lo tanto, es poco probable que arroje los datos exactos de la población en edad de votar que busca el Departamento de Justicia.

En la medida en que la Ley de Derecho al Voto requiera un cálculo del número de votantes elegibles en una jurisdicción determinada, la Oficina del Censo ya proporciona una fuente adecuada y mucho menos intrusiva de información sobre ciudadanías basada en el muestreo de encuestas como la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

Los fiscales generales argumentan que agregar una pregunta sobre ciudadanía al Censo, sin haber sido sometida a una encuesta, es innecesaria y perjudicial para la precisión debido a su impacto en las tasas de respuesta. La falta de recuento de la población resultante pondría en peligro la capacidad de la Oficina del Censo de determinar cuántas personas hay en cada estado, amenazando la representación justa de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral.

Maura Healey, la Fiscal General de Massachusetts, dirigió previamente una coalición de fiscales generales que enviaron una carta a la Oficina del Censo de los EE. UU., instando a la agencia a rechazar la solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. para agregar una pregunta sobre “Ciudadanía” al Censo 2020.

La demanda, dirigida por el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, junto con la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, también estuvo acompañada por los abogados generales de Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Washington DC, así como las ciudades de Chicago, Nueva York, Filadelfia, Providence y Seattle, la ciudad y el condado de San Francisco, y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.

Este asunto está siendo manejado por la Subprocuradora General, Ann Lynch de la División de Derechos Civiles de Maura Healey, la Subprocuradora Mercy Cover de la División de Protección al Consumidor de la Fiscal General, Healey, y Jonathan Miller, Jefe de la Oficina de Protección Pública y Defensa.

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