OPINION: Necesitamos una Ley de Justicia Ambiental

Por LUIS BRAVO

Cansados de la falta de empatía y la pereza o decidia del gobernador Baker por solucionar la crisis ambiental que afecta en gran escala a comunidades minoritarias y de bajos ingresos, cinco legisladores tomaron la iniciativa el pasado 23 de julio del 2020 de demandar una Ley de Justicia Ambiental a través de un artículo de opinión publicado en la revista CommonWealth.

En el artículo que ellos publicaron mencionan que “Todas las personas tienen derecho a estar protegidas de la contaminación. Y esto está garantizado no solo por nuestros valores, sino también por el Artículo XCVII (97) de la Constitución de nuestro estado y por décadas de política federal. Esos derechos existen independientemente de la raza, la capacidad para hablar el idioma inglés, los ingresos o el estado migratorio de la persona. Sin embargo, no existe una ley estatal para hacer cumplir esos derechos y las políticas estatales inadecuadas han demostrado ser inútiles para esta tarea”, dijo Sal Didomenico, senador estatal por Everett.

Desde la primera política de justicia ambiental del estado en 2002, hasta una orden ejecutiva de 2014 emitida por el ex gobernador Deval Patrick, el nuevo milenio mostró signos de progreso. Pero hoy, la desigualdad en Massachusetts continúa empeorando y el estado no ha cumplido con sus compromisos de justicia ambiental. Por esta razón, estos legisladores han presentado una legislación para proteger a las comunidades de justicia ambiental a perpetuidad.

Para recapitular los hechos de injusticia ambiental, vamos a decir que en el 2007, los residentes de Chelsea, East Boston, Roxbury y Dorchester llenaron el auditorio de Chelsea High School con carteles que decían “El aire limpio es un derecho humano” y “¿Tiene asma?”. Estos padres se reunieron para luchar contra una planta de energía diesel propuesta, que se iba a ubicar a 250 pies del único complejo de escuelas primarias de Chelsea y en las orillas del Chelsea Creek.

La planta de energía se habría sumado a la contaminación del aeropuerto, la congestión del tráfico, las pilas de sal y otras cargas que enfrenta la comunidad predominantemente latina de bajos ingresos. Enfrentando así una vigorosa oposición local, la instalación, respaldada por un desarrollador que invierte en energía limpia en otros lugares, fue suspendida meses después.

Hoy, al otro lado de Chelsea Creek en East Boston, los residentes están luchando contra otra propuesta peligrosa: una subestación eléctrica en terrenos propensos a inundaciones, junto a 8 millones de galones de combustible para aviones y adyacente a un popular parque infantil.

Los residentes de Roxbury y Springfield luchan contra una epidemia de asma. Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston y los inquilinos en viviendas públicas experimentan asma a tasas mucho más altas que sus semejantes con mucha riqueza y propietarios de viviendas. Los residentes de East Boston, expuestos a la contaminación del aeropuerto y embarcaciones marinas, sufren altas tasas de trastorno pulmonar obstructivo crónico (Chronic Obstructive Pulmonary Disorder – COPD). Los incineradores rodean comunidades como Haverhill y Lawrence, causando problemas respiratorios. Y en el extremo occidental del estado, los residentes que carecen de transporte público tienen dificultades para acceder a las instalaciones de atención médica.

La pandemia de COVID-19 ha expuesto los peligros de permitir que la contaminación se concentre en las comunidades de justicia ambiental. Las tasas de infección son mucho más altas en estas comunidades que en las comunidades ricas y blancas, y ocho de los 10 principales municipios con el mayor número de casos de COVID-19 son comunidades de justicia ambiental.

El COVID-19 no es la única amenaza que enfrentan estas comunidades. En un momento en el que debemos salir a las calles en defensa de las vidas de los negros, sabemos que el racismo institucional ha sido un pilar fundamental que ha contribuido a las inequidades ambientales y de salud pública.

Sin embargo, la administración Baker no ha actuado sobre la orden ejecutiva de justicia ambiental del estado o la actualización de la política de justicia ambiental de 2017 del gobernador. El puesto de director de justicia ambiental del Commonwealth estuvo vacante durante más de tres años, a pesar de que la orden ejecutiva requería que el puesto tuviera personal permanente. La administración no ha cumplido con un requisito legislativo de informar sobre los impactos del cambio climático en las comunidades de color.

Aunque se requiere que cada secretaría diseñe estrategias de justicia ambiental, la mayoría no lo ha hecho, incluido el Departamento de Transporte, que continúa brindando un servicio poco confiable en muchas comunidades de justicia ambiental. La inacción en el transporte ha dejado a los trabajadores de bajos ingresos atrapados por horas en el tráfico y en autobuses repletos durante la pandemia.

Peor aún, el estado ha redoblado las políticas que contaminan las comunidades de justicia ambiental, al tiempo que niega activamente las oportunidades de la economía verde. En Brockton, la administración Baker aprobó una planta de energía a gas que, si se construye, afectará negativamente a los residentes de color y familias de bajos ingresos. En Weymouth, la administración aprobó una estación compresora que se sabe que traerá contaminantes tóxicos a una comunidad sobrecargada, aunque un tribunal federal recientemente anuló la aprobación. Un cambio propuesto a un programa de energía renovable apuntalaría la biomasa en Springfield.

El Commonwealth debe actuar hoy para implementar la orden ejecutiva de justicia ambiental. Sin embargo, el fracaso en asegurar la justicia ambiental precede a la actual administración, y las estrategias para promover la equidad deben extenderse más allá. Ninguna comunidad debería funcionar como un vertedero de políticas fallidas, o enfrentarse a una economía que continúa excluyendo de las mesas de toma de decisiones a los residentes sobrecargados.

“Como legisladores, hacemos un llamado a Massachusetts para que cumpla sus promesas y promulgue la Ley de Justicia Ambiental para proteger a todas las comunidades del daño ambiental y la muerte prematura.

Estos son los Legisladores que publicaron el artículo y hasta ahora no hay una respuesta: Sal DiDomenico y Jamie Eldridge, senadores estatales de Everett y Acton. Michelle DuBois, es representante de Brockton; Adrian Madaro y Liz Miranda son representantes estatales de Boston.

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