La Renuncia de Tommy Chang

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Por Luis Bravo

El pasado Viernes, 22 de Junio, el Dr. Tommy Chang renunció a su cargo como Superintendente de las Escuelas Públicas de Boston, en medio de crecientes escándalos relacionados con inmigración y el mal manejo de la relación de integraión de los estudiantes y sus padres con el sistema escolar.

Esta renuncia sucede después de llegar a un acuerdo con el alcalde de Boston, Martin J. Walsh quien ya se mostraba muy preocupado desde hace un buen tiempo por su lucha para lograr mejoras significativas en el sistema escolar de la ciudad.

Pero esta renuncia sucede en un momento muy conveniente y de forma muy apresurada, porque coincide justamente con la demanda establecida en contra de las Escuelas Públicas de Boston (BPS) por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica en un esfuerzo por obligar al sistema escolar a entregar documentos que dicen conducir a la deportación de un estudiante del East Boston High School a principios de este año.

El Comité de Abogados y el Centro de Derecho y Educación, presentaron la demanda en contra de la Ciudad de Boston, BPS, y Tommy Chang, Superintendendente de BPS, porque están pidiendo informes detallados sobre las veces en que las autoridades escolares
informaron a ICE sobre los estudiantes de Boston, y BPS no ha cumplido con una solicitud de registro público.

Los documentos solicitados incluirían, dijeron los abogados en su declaración, información relacionada con lo que los grupos afirman es la “práctica inquietante del sistema escolar de compartir información estudiantil con funcionarios federales de inmigración, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través del Centro de Inteligencia Regional de Boston (Boston Regional Intelligence Center – BRIC)”.

Los abogados agregaron que el Supervisor de Registros de Massachusetts “ya ordenó a BPS que divulgara los registros relacionados con esta conexión entre la escuela y la deportación, pero BPS se niega a compartir la debida información”.

La demanda se centra en un informe hecho por un oficial de recursos escolares en East Boston High que involucra a estudiantes varones. Los abogados denominaron al incidente como un evento “corriente” y lo describieron como un esfuerzo fallido para comenzar una pelea. Los oficiales de inmigración dijeron que uno de los estudiantes involucrados había ingresado ilegalmente a los EE. UU. en 2014 después de viajar desde su natal El Salvador. El informe “fue utilizado como evidencia contra el estudiante en los procedimientos de deportación”, dijeron los abogados en la declaración de ese día.

“El tema de la cooperación de las escuelas públicas con las autoridades migratorias, ha adquirido mayor urgencia para las familias inmigrantes desde 2017”, expresa la demanda. “A medida que los esfuerzos de deportación federal se intensifican, la cuestión de cómo y bajo qué circunstancias las escuelas públicas están brindando información al Departamento de Seguridad Interna de los EE. UU. Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha vuelto aún más crucial.

“Las amenazas a los estudiantes y sus familias son reales: la solicitud de los registros públicos en cuestión se hizo después de un incidente donde las Escuelas Públicas de Boston (BPS) compartieron información con ICE. El público tiene derecho a saber en qué
medida las escuelas comparten información sobre sus hijos a través del BRIC”.

De acuerdo con la demanda, el grupo le solicitó al distrito escolar varias veces por esa información con nombres detallados. Pero fue en vano. Los funcionarios del distrito les dijeron que no conservan el tipo de registros que los grupos quieren.

El estudiante en cuestión tenía una visa especial para niños maltratados o descuidados, y fue deportado a El Salvador por ICE.

La demanda especifica que los demandantes creen que las Escuelas Públicas de Boston y la Policía Escolar de Boston tienen la práctica de divulgar informes de incidentes estudiantiles al BRIC.

“Como resultado, la información del estudiante está siendo utilizada por ICE para investigar las violaciones de las leyes federales de inmigración”, se lee en la demanda.

Chang se negó a describir las razones de su partida, pero señaló que no tiene un trabajo esperándolo en otro lugar.

Pero el alcalde Walsh, no dice las cosas por su nombre y en un comunicado, dejó en claro su insatisfacción con el trabajo realizado por Chang.

El alcalde dijo que había decidido que “necesitamos un líder de educación a largo plazo con un historial probado en gestión que pueda ganarse la confianza de la comunidad en la visión estratégica del distrito”. Un argumento que no satisface las espectativas de los padres de familia inmigrantes que se sienten amenazados por el sistema escolar y que envían a sus hijos a estudiar con el miedo de que no regresen a casa.

El Derecho a una Educación Gratuita y de Calidad está garantizado a todo padre y estudiante en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. Cada niño tiene el derecho de recibir una educación en este país sin importar la raza, nacionalidad, idioma, sexo, o “ESTATUS MIGRATORIO”.

La educación es esencial para el desarrollo de cada niño y para el progreso de la comunidad en sí. En Estados unidos, cada niño tiene el derecho a recibir una educación pública gratuita y de calidad desde kinder hasta el grado 12vo.

Todos los estudiantes tienen derecho a disfrutar de una educación sin el temor y sin el riesgo de discriminación o el miedo de “SER DEPORTADO”.

Los niños inmigrantes no necesitan una tarjeta de residencia (“Green Card”), visa, pasaporte, número de registro para extranjeros (en inglés, alien registration number), número de seguro social, o ningún tipo de prueba de ciudadanía o estatus migratorio para registrarse en una escuela pública.

El derecho a no ser discriminado ilegalmente: La ley lo protege a usted y a su hijo de la discriminación gubernamental basada en raza, origen étnico, sexo, discapacidad, Estatus Migratorio (en las escuelas k-12), o nacionalidad.

Para garantizar que su hijo reciba una educación igual a los demás, usted está protegido bajo ley federal, si un maestro o funcionario escolar lo tratara de manera diferente por uno de esos factores, o si otros estudiantes estuviesen acosando a su hijo por lo mismo, con conocimiento de un funcionario.

La discriminación en las escuelas públicas a veces puede solucionarse reuniéndose con funcionarios escolares o del distrito, y llegando a un acuerdo con ellos o elaborando un plan para corregir el problema.

El derecho a revisar las acciones disciplinarias contra su hijo: La suspensión y expulsión de la escuela son los castigos más grandes que le puede imponer un funcionario escolar a su hijo, Si su hijo es suspendido de la escuela, usted y él tienen derecho a reunirse con un
funcionario escolar para discutir el caso. Si es expulsado, tiene derecho a una reunión formal a la cual puede traer un abogado. La ley federal le garantiza el derecho a estas reuniones para asegurar que su hijo no sea tratado injustamente.

“Desde mi punto de vista, parece que se ha violado una ley federal que proteje y garantiza el derecho de todo niño a una educación pública sin ningún tipo de contratiempos. Por tal motivo, exigimos a las autoridades y al grupo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica y al Centro de Derecho y Educación que se llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo Teresa Rodríguez, madre de un estudiante del BPS de East Boston.

“Este es un país de leyes, una frase que se nos refriega en la cara cada vez que se puede, y por lo tanto, queremos ver que se hagan respetar las leyes de igual manera para todos los ciudadanos de este país. Lo que se ha cometido en contra de este estudiante es un
delito, y queremos que caiga todo el peso de la ley, y con toda su fuerza para aquellos delicuentes que lo asaltaron”, dijo Jorge Ramírez, padre de un estudiante de Mission Hill.

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