DCF discrimina familias inmigrantes por no proporcionar intérpretes

Por LAWYERS FOR CIVIL RIGHTS

Un grupo de abogados y defensa pidió a los funcionarios federales de salud que investiguen a la agencia de bienestar infantil de Massachusetts, acusando que está discriminando a las familias inmigrantes al no proporcionar repetidamente los servicios de interpretación a los padres cuyo idioma principal no es el inglés.

La denuncia presentada por Lawyers for Civil Rights y el Massachusetts Appleseed Center for Law and Justice acusa al Departamento de Niños y Familias (Child and Family Department – DCF) de privar a los padres que no hablan inglés de un “acceso lingüístico significativo”, una posible violación de la ley federal de derechos civiles y un fallo que la denuncia atribuye a una “indiferencia deliberada”.

Tales fallos, dicen los defensores, pueden tener consecuencias sísmicas para las familias que están siendo investigadas por el DCF y se enfrentan al riesgo de perder a sus hijos en el sistema estatal de acogida, donde los niños negros y latinos ya están desproporcionadamente representados.

Una portavoz del DCF dijo que la agencia revisaría la queja.

“No se limita a una región. No se limita a un solo idioma”, dijo Deborah Silva, directora ejecutiva del Centro Appleseed de Massachusetts, que elaboró un informe en enero examinando cómo el DCF proporciona servicios de interpretación. Sus conclusiones sustentan la denuncia presentada ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La Oficina de Derechos Civiles del departamento investigó una queja similar contra el DCF y emitió una serie de recomendaciones a la agencia en 2018.

“Una y otra vez, dieron marcha atrás en este asunto”, dijo Silva sobre el DCF. “Simplemente no se ha convertido en una prioridad – y esto es a pesar del hecho de que el gobierno federal ya los ha investigado”.

Los grupos acusan a los trabajadores sociales del DCF de recurrir con frecuencia a familiares, vecinos o incluso niños para que ayuden a los padres a comunicarse, en lugar de recurrir a intérpretes capacitados. En lo que llaman un ejemplo atroz, los trabajadores sociales del DCF pidieron a un padre acusado de abusar violentamente de su pareja que interpretara para ésta, según la denuncia. (El DCF se negó a abordar las acusaciones específicas).

En el caso de una madre de Methuen, cuya lengua materna es el español y es una de las denunciantes, la agencia supuestamente no tradujo ni un solo documento para ella mientras investigaba las acusaciones de negligencia en relación con su hijo, que es autista. Sólo cuando habló con su abogado, que domina el español, se enteró de que el DCF había corroborado las acusaciones.

Incluso la Oficina del Defensor del Pueblo del DCF, que está diseñada para ayudar a las personas a navegar por el sistema de bienestar infantil, ofrece su línea de atención telefónica sólo en inglés y español, dice la queja.

“El fracaso subsiguiente y sistemático del DCF para proporcionar intérpretes para las visitas (con dominio limitado del inglés), para traducir documentos vitales a los idiomas preferidos de los consumidores, y para detener el uso de los miembros de la familia como intérpretes apoyan una fuerte inferencia de la discriminación intencional de origen nacional”, acusa la queja.

Aproximadamente el 10 por ciento de las personas atendidas por el DCF dicen que su idioma principal es otro que el inglés, aunque puede variar mucho en las distintas regiones, según la demanda. En Lawrence, por ejemplo, el 20% de las personas atendidas por el DCF dicen que el español es su idioma principal; en Framingham, casi el 6% habla principalmente portugués.

El DCF ha defendido previamente sus esfuerzos para ofrecer servicios de interpretación, diciendo a los funcionarios federales en 2018 que estaba actualizando su tecnología para traducir más rápidamente los documentos y que prioriza la contratación de personal bilingüe.

En 2019, también comenzó a utilizar un proveedor para proporcionar servicios de interpretación telefónica, incluso para complementar su línea de atención fuera de horario, que en ese momento proporcionaba “cierta capacidad bilingüe” para comunicarse con personas que hablan español y criollo haitiano, según su plan de acceso al idioma más reciente. Los funcionarios del DCF dijeron a la revista Commonwealth en enero que su servicio de interpretación telefónica proporciona acceso a 200 idiomas.

La agencia ha sido objeto de otros escrutinios por supuesta discriminación. En noviembre, funcionarios federales, incluidos los del Departamento de Justicia de EE.UU., concluyeron que el DCF había discriminado repetidamente a los padres con discapacidades, y que tenía que reformar sus políticas para no basarse en “estereotipos sin fundamento”.
Meses más tarde, una investigación estatal sobre la muerte de un adolescente con discapacidad intelectual e involucrado en el DCF encontró que la agencia no tenía actualmente “políticas, prácticas estándar o currículo de formación” sobre las personas con discapacidad.

La queja trató de dibujar una línea a esos problemas, llamando a DCF un “reincidente de los derechos civiles.”
También señaló el informe de los funcionarios federales de 2018 sobre una queja de un padre hispanohablante, que dijo que el DCF no proporcionó un intérprete o traducciones escritas mientras buscaba la custodia de su hijo. En respuesta, los funcionarios federales de salud pidieron al DCF que adoptara una serie de medidas voluntarias, incluida la reescritura de sus políticas para prohibir expresamente el uso de amigos o familiares para interpretar.

Los defensores piden ahora a los funcionarios federales que vayan más allá de las recomendaciones.

“No se trata de los intérpretes individuales o de los trabajadores de casos individuales, que realmente están haciendo todo lo posible. Se trata de un problema sistémico del DCF del que son conscientes desde hace años”, dijo Erin Fowler, abogada de Lawyers for Civil Rights. “Lo que tenemos que hacer para que rindan cuentas es una investigación federal y que realmente cumplan con la ley federal”.

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