Editorial: “Nuestra educación pública: ¡No está a la venta!”

No cabe duda que la buena Educación Pública es el tesoro más codiciado por los millonarios y billonarios de Estados Unidos.

El problema no radica en que vayan a lucrar tremendamente con la enseñanza de nuestros hijos y jóvenes universitarios. El problema radica en que esta clase adinerada de millonarios y billonarios que ha heredado su riqueza o que la ha conseguido al través el sudor, lágrimas, sangre y la vida de otros, se quieren perpetuar en el poder para seguir ganando (robando) mucho más dinero de nuestra sociedad, manteniendo a la clase media en ese mismo nivel o mejor dicho como esclavos ignorantes modernos que solo saben manejar los procesos enseñados de la tecnología y modernidad, para seguir explotándolos, sin pagarles beneficios que ya se habían conseguido y dividiéndolos para que sus quejas, reclamos y protestas se diluyan por la falta de conciencia o entendimiento del problema por parte de sus compañeros de trabajo.

Debemos analizar seriamente lo que somos y que es lo que hacemos después de haber estudiado los 12 o 13 años del curriculum escolar de las escuelas públicas, más los 2 o 4 años mínimos que pasamos en los salones de un instituto o colegio (college) y/o universidad.

Muchos jóvenes que han terminado sus carreras profesionales, todavía tienen que seguir pagando los grandes préstamos estudiantiles que recibieron para terminar sus estudios. Doctores, Abogados, Ingenieros, Químicos, Farmacéuticos, etc. ganan muy buenos salarios, pero una gran parte de ese salario se destina para el pago de sus préstamos, lo que les obliga a pensar solamente en como conseguir dinero.

En muchos casos, la enseñanza que el sistema nos ha obligado a recibir durante décadas nos está amputando el pensamiento crítico, el análisis objetivo, la visión de futuro y la integración del individuo dentro de la sociedad a la cual pertenece. La enseñanza que hemos recibido y que vamos a recibir –si lo permitimos– nos está individualizando, de tal manera que alimenta nuestro ego, lo sobre-estimula y rompe el concepto de familia, y por ende, fractura la sociedad a la que pertenecemos. Creando así el campo perfecto que busca el 1% más rico del mundo para manipular esa sociedad a través de la educación.

En fin, las grandes corporaciones que manejan esos millonarios y billonarios están penetrando profundamente en las mentes de esos estudiantes a través de la educación y utilizando sus anuncios publicitarios para dictar la moda, la forma de vida, las preferencias, las inclinaciones sexuales, la lealtad, lo positivo, lo negativo, todo. En otras palabras, nos están manipulando el pensamiento para hacernos vivir y pensar en la forma en que ellos nos digan para su beneficio económico corporativo.

Pero ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que hacer la educación pública en todo esto? La respuesta es muy sencilla. Mayormente, desde la clase media hasta la clase más baja, asistimos a las escuelas públicas (escuelas que los ricos nunca han pisado ni pisarán porque ellos tienen mejores escuelas) en donde se nos enseña lo básico, lo elemental, lo mínimo. En donde raramente se nos enseña a analizar los problemas sociales, a criticar y discutir los planteamientos políticos, a diseñar una visión mancomunada de nuestro futuro en beneficio de nuestras comunidades, y a construir caminos y puentes que ayuden a la integración de todos los individuos que conforman nuestras comunidades.

Por eso aceptamos en forma humilde y silenciosa los insultos de los políticos; aceptamos que nos roben el dinero de nuestros impuestos en nuestras propias narices; aceptamos que se coloquen millonarios como funcionarios públicos sin ningún tipo de experiencia para que manejen los asuntos del pueblo; aceptamos que se armen guerras en nombre de la democracia; aceptamos que se invadan países y luego se quejan del incremento de la inmigración de las víctimas. El problema es que no le ponemos un alto a todo esto.

Por eso aplaudimos el hecho de que la Oficina de Campañas y Financiamientos Políticos (Office of Campaign and Political Finance – OCPF) haya multado a una organización sin fines de lucro con estrechos vínculos con el gobernador Baker por “la intención de influir en las elecciones” y por no revelar sus donantes, quedando muy claro que los aliados de Baker & Pro Escuelas Chárter Co. (multimillonarios de fuera del estado) han hecho donaciones ilegales en sus campañas para comprar nuestra educación pública.

Pese a que los resultados de la iniciativa electoral de la Pregunta 2 demostraron que los votantes claramente rechazan y se oponen a la expansión de las escuelas chárter en Boston y en todo Massachusetts, las actividades de Baker y sus aliados dicen todo lo contrario de lo que el público quiere para la educación pública. Ellos siguen trabajando muy duro en una extensa actividad ilegal para socavar nuestra educación pública.

En el 2016 el 62% de los votantes exigió que Beacon Hill se comprometiera con el éxito de nuestra educación pública al votar NO por la Pregunta 2, pero la propuesta de Baker no aborda la falta de financiación de las escuelas y es muy probable que aumente el costo de las universidades públicas.

Baker no ha creado impuestos para sus amigos los millonarios y billonarios porque de alguna manera tiene que demostrar su agradecimiento por las colaboraciones que ellos hicieron a su campaña política, y tan solo ha concedido un aumento del 1% en el presupuesto de financiación de las escuelas y universidades. Con esto, facilmente nuestros estudiantes, maestros, escuelas, comunidades e instituciones de educación superior verán desaparecer sus sueños de tener una educación pública totalmente financiada y de calidad.

El incremento del presupuesto de Baker del 1% ni siquiera está a la altura del ritmo de la inflación y no puede recompensar las décadas de insuficiente financiación de las escuelas y universidades públicas, por lo que una vez más deja en la calle a los estudiantes de bajos ingresos, negros y latinos.

Con la propuesta de su presupuesto Baker le ha dado a sus amigos las herramientas para privatizar y desestabilizar nuestra educación pública. Esta propuesta le acaba de dar a los más ricos de Massachusetts una reducción anual de impuestos de $2.5 mil millones, quitándoles dinero a las escuelas, universidades y otros servicios públicos básicos.

El presupuesto de Baker exacerba aún más la disminución de 6.8% en fondos K-12 desde 2002. Los estudiantes universitarios y la educación superior enfrentarán un asombroso recorte de fondos del 40% si esta ley se aprueba. Este presupuesto es otra injusticia para nuestras familias, comunidades y niños. Además el gobernador apoyó a las “zonas de empoderamiento escolar”, quitándole a los padres, el control local de las escuelas públicas.

Las “zonas de empoderamiento escolar” fueron creadas directamente por el Consejo Americano de Intercambio Legislativo (American Legislative Exchange Council – ALEC) y fue respaldada por empresas millonarias para tomar el control local sobre las escuelas públicas lejos de los padres y ponen el poder en las manos de una junta designada, fomentando la privación de derechos de las familias negras y latinas en los distritos escolares de todo el país.

ALEC no es un lobby; no es un grupo de fachada. Es mucho más poderoso que eso. A través de las reuniones secretas del American Legislative Exchange Council, cabilderos corporativos y legisladores estatales votan como iguales en “proyectos de leyes modelos” para cambiar nuestros derechos que a menudo benefician con sus resultados a las empresas y a expensas del público. ALEC es una operación de “pago por jugar” en la que las corporaciones compran un asiento y un voto en “grupos de trabajo” para avanzar en sus listas de deseos legislativos y pueden obtener una exención fiscal para las donaciones, pasando efectivamente estos costos de presión a los constituyentes.

Todos los miembros de la comunidad deberíamos apoyar con más énfasis a nuestras escuelas y universidades públicas que por décadas ha venido luchando contra viento y marea para entregar una buena educación a nuestros niños y jóvenes estudiantes pese a las condiciones económicas y estructurales. También debemos exigir a los legisladores que prioricen una inversión real para estos centros de enseñanza. Debemos abordar las injusticias sistemáticas y estructurales, como la obsoleta fórmula de financiación del Capítulo 70 que ha dejado a nuestras comunidades más vulnerables y con recursos insuficientes por parte del Commonwealth durante décadas.

“NUESTRA EDUCACION PUBLICA: ¡NO ESTA A LA VENTA!”

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